Una vez más, Sudamérica está en un momento de cambios que darán forma al futuro político, social y económico del continente. Aun cuando es vista como un laboratorio de las políticas neoliberales, la región ha sido también un escenario de movilizaciones populares en contra de la represión política, la violencia estatal, el desempleo, la desigualdad y la corrupción.
Colombia, sin embargo, había sido la excepción en esta ola. Hasta ahora.
La última gran movilización nacional en Colombia ocurrió en 1977, cuando los ciudadanos tomaron las calles para protestar en contra de la presidencia de López Michelsen. Pero las protestas actuales, que comenzaron con un paro nacional el 21 de noviembre de 2019, son, sin duda, las más grandes desde las movilizaciones de 1948, conocidas como el “Bogotazo”, las cuales siguieron al asesinato del popular líder Jorge Eliécer Gaitán.
Aun cuando la estabilidad política ha sido severamente puesta a prueba por más de 50 años de conflicto liderado por la guerrilla, las mismas élites oligárquicas han mantenido un poder considerable desde tiempos coloniales, lo que ha derivado en una Colombia relativamente estable a nivel político. La ausencia de exitosos levantamientos populares mantuvo el poder de organización concentrado en unas pocas manos.
A un paso de un cambio histórico
De manera inesperada, sin embargo, la reciente movilización atrajo el apoyo de la mayoría de la sociedad civil, dejando a Colombia a un paso de un cambio histórico que dará forma al destino de las generaciones futuras.
A diferencia del histórico acuerdo de paz de 2016 firmado por el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejercito del pueblo (FARC-EP), la reciente movilización nacional ha logrado reunir tras de sí organizaciones de trabajadores, organizaciones campesinas y grupos indígenas, consejos afro-colombianos y movimientos feministas y de estudiantes.
Si bien fue planificada con bastante antelación, lo que le dio tiempo suficiente al presidente Iván Duque (2018-) para prepararse, después de semanas de protesta el gobierno no ha logrado debilitar la determinación de los colombianos de cambiar la sociedad en la que viven.
La protesta se inició como una respuesta a un paquete de medidas económico-sociales de Duque que beneficiaba a las grandes empresas y producía desventajas en las clases trabajadoras, grupos indígenas, jóvenes, mujeres y minorías étnicas. Pero la frustración contra el gobierno tiene raíces mucho más profundas.
La falta de apoyo estructural a la educación pública, las innumerables fallas de un sistema de salud privatizado, la represión constante a los derechos humanos, el asesinato de cientos de líderes sociales e indígenas y el sabotaje al acuerdo de paz, proporcionaron el combustible que ha hecho que esta movilización no se detenga.
Movimientos sociales
En las últimas etapas de negociación entre el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) y las FARC-EP, varios sectores de la sociedad civil formaron las llamadas “redes pro-paz”. Desde entonces, estas redes se han movilizado para defender el acuerdo de paz; asegurar la implementación de sus muchos estatutos y, ahora, para llamar a movilizarse en las calles. El paro nacional se transformó en una plataforma para fortalecer estas redes, creando sinergias entre actores y permitiéndoles sincronizar agendas y formas de trabajo.
Las organizaciones de derechos humanos han llamado a participar en la movilización como una forma de condenar el asesinato de dirigentes sociales, el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas armadas y la reaparición de los asesinatos extra-judiciales. Los activistas medioambientales, en tanto, realizaron una “huelga por el planeta” para oponerse a la decisión del gobierno de autorizar la extracción de agua en el ecosistema de la tundra andina (páramo) y la pesca de tiburones en aguas territoriales colombianas.
Las protestas del 25 de noviembre fueron lideradas por organizaciones de mujeres en un esfuerzo concertado por llamar la atención en el marco de la Celebración del Día Internacional de la Eliminación de las Distintas formas de violencia contra la mujer. Performances masivas, conciertos, teatro callejero y otras múltiples actividades artísticas han tenido lugar en Colombia desde entonces.
La creatividad mostrada por la multitud de movimientos reunidos en torno a la movilización es un reflejo de la rapidez con que las redes pro-paz han extendido su poder de convocatoria, no solo a través de las redes sociales sino en las calles y plazas de todo el país.
Respuesta a la movilización
Estas movilizaciones constantes, multifacéticas, han forzado a la administración de Duque a llamar a un “diálogo nacional”. Pero la exclusión del comité organizador de la movilización desde el día uno en que se llamó a dialogar muestra que la convocatoria gubernamental es una promesa vacía.
La mayoría de la sociedad colombiana ha visto muy lentamente que, como consecuencia del acuerdo de paz, la violencia disminuyó sustancialmente. Ello, entre otras cosas, por los reportes diarios en medios tradicionales y redes sociales que alertan sobre un eventual regreso del conflicto, lo que agita los recuerdos de los peores años de la guerrilla. Como consecuencia de ello, los colombianos a lo largo del país se han levantado en contra del gobierno.
La protesta y el modelo económico
Además de exigir que el acuerdo de paz se cumpla, los colombianos están protestando contra el sistema económico implementado en el país desde los años 90 del pasado siglo. Al igual que las protestas en Beirut, Hong-Kong, Santiago y Quito, las recientes movilizaciones han sido una reacción al modelo neoliberal que aumenta la desigualdad, reemplaza la educación pública por educación privada con fines de lucro, vuelve más vulnerables a las mujeres, margina a los grupos indígenas y Afro-Colombianos, destruye flora y fauna endémica, promueve la deforestación en el Amazonas colombiano e intensifica la represión política.
Quienes protestan hoy quieren distanciarse de un modelo que se basa en la extracción de recursos naturales y la explotación de mano de obra en sectores de servicios de bajo costo o agro-industria intensiva.
La respuesta gubernamental, sin embargo, ha sido que el modelo neoliberal será reforzado. En lugar de hacerse cargo de las preocupaciones de quienes protestan, en un discurso el 25 de Noviembre, el Presidente Duque defendió la propiedad privada, redobló su compromiso con las reformas económicas y justificó la violencia aplicada en contra de los manifestantes por las fuerzas de seguridad.
Aún cuando los detalles precisos del paquete de reformas que Duque pretende implementar son desconocidos, algunos trascendidos han revelado que su gobierno plantea eliminar (y privatizar) el fondo de pensiones estatal (Colpensiones), reducir los salarios de los trabajadores jóvenes a un 75% del salario mínimo, bajar los impuestos a las grandes empresas y aumentar las tarifas eléctricas por sobre el 35%. Aun durante las protestas, Duque tuvo la audacia de firmar un decreto para crear un holding que reúne a 19 instituciones financiadas por el Estado. Esto ha acentuado el rechazo que existe actualmente contra la privatización y la desregulación.
Una preocupación central de quienes protestan es la creciente desigualdad en el acceso a educación de calidad. Hasta ahora, los estudiantes de universidades públicas y privadas se han movilizado en reiteradas oportunidades en 2019, y están a la cabeza de la exigencia nacional de poner fin a las medidas de austeridad. Las universidades públicas mantienen su situación deficitaria mientras los programas privados financiados por el Estado continúan aumentando.
¿Despierta Colombia?
En el contexto colombiano, donde las élites oligárquicas han dirigido el país con una determinación férrea para mantener los equilibrios de poder en su favor, las estrategias de acumulación de capital han estado siempre acompañadas de altos niveles de violencia y represión. Durante las recientes protestas, las redes pro-paz y anti-neoliberales se han unido para producir un cambio. Aun cuando este es un proceso largo y arduo, la fortaleza de la protesta descansa en su habilidad para movilizar un amplio espectro de la sociedad civil.
Entre las demandas de los trabajadores por mejores condiciones laborales, el movimiento feminista que rechaza las estructuras patriarcales que producen una opresión violenta, los estudiantes que se levantan por su derecho a la educación, grupos indígenas y afro-colombianos que pelean contra la colonización de sus tierras y cuerpos, líderes sociales que presionan por un acuerdo de paz, el movimiento que se ha tomado las calles de Colombia está aquí para quedarse. Y la marea parecer estar cambiando a su favor.
Después de cientos de años de exclusión de la vida política y económica, el pueblo colombiano vuelve a luchar. Colombia está despertando.
Este artículo fue publicado originalmente en inglés en el blog de la London School of Economics y traducido al español por Marcela Ramos para el Centro de Investigación Periodística (CIPER) de Chile.